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Alberto Rodríguez insta al Gobierno a implicarse en la defensa de los trabajadores de Endesa en Gorona del Viento

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El diputado de Unidos Podemos preguntará en el Congreso por la situación de una plantilla que presta servicio en esta Central Eléctrica a raíz de las denuncias sindicales y recuerda que se trata de una sociedad mayoritariamente conformada por capital público

El diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez ha preguntado en el Congreso por la situación de los trabajadores que prestan servicio, a través de la empresa ENDESA, en la Central Hidroeólica de Gorona de Viento en la isla de El Hierro a raíz de las denuncias sindicales.

En diciembre del pasado año la totalidad de la plantilla de 18 trabajadores, presentó papeleta de conciliación en la que reclamaban mejoras en las condiciones laborales por entender que desempeñaban labores de categorías superiores al gestionar diversos sistemas de generación eléctrica: diésel, hidráulica y eólica.

A raíz de esta acción, la empresa ENDESA ha modificado sustancialmente las condiciones de trabajo de la plantilla, asignando tareas que nada tienen que ver con las de un operador de central eléctrica, lo que ha provocado una demanda de los sindicatos.

Estos informan de que, a pesar del ofrecimiento en el acto de conciliación del pasado 18 de enero, no han encontrado en dicha compañía la voluntad de llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto.

A raíz de esta situación, el diputado Alberto Rodríguez, coordinado con el consejero de Podemos en el Cabildo Insular, Amado Carballo, ha presentado una serie de preguntas, así como solicitudes de información, para saber si el gobierno planea intervenir “para garantizar los derechos de la plantilla, puesto que Gorona del Viento SA supuso una inversión estatal de más de 65 millones de euros y su capital es mayoritariamente público”, denuncia el diputado.

Concretamente, 65,82% del capital lo aporta el Cabildo de El Hierro, el 7,74% el ITC, 3,24% el Gobierno de Canarias, y el 23.21% pertenece a la empresa ENDESA. “Por eso entendemos que la reclamación de los trabajadores para que las administraciones públicas se impliquen en la defensa de sus intereses laborales está más que justificada, y como se ha hecho ya en el Cabildo insular, vamos a presionar desde el Congreso para que así sea”, resume Rodríguez.

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