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Narvay Quintero reclama que se endurezcan las sanciones contra los importadores que introducen productos de manera irregular

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• Pide que, en caso de reincidencia, el importador sea juzgado por la vía penal por delitos contra el medio ambiente y la salud

Madrid, a 21 de febrero de 2011. El senador de Coalición Canaria – Agrupación Herreña Independiente (CC-AHI), Narvay Quintero, ha presentado una moción en la que solicita que se endurezcan las sanciones contra aquellos importadores que introducen productos en las Islas de manera irregular y que, en el caso de reincidencia sea juzgado por la vía penal por delitos contra el medio ambiente y la salud pública.

Quintero reclama en su iniciativa parlamentaria que "se aumente la cuantía de las sanciones administrativas actuales, como mínimo, hasta el valor real a precio de mercado de la mercancía incautada, así como la correspondiente destrucción de la misma junto con aquella otra que le acompaña en el contenedor durante el transporte a las Islas Canarias o en la cámara frigorífica donde se encuentre almacenada y se detecte el fraude".

El senador herreño precisa que "la cuantía de la sanción a que hace referencia el párrafo anterior debe ser aumentada en la misma cantidad para destinarla a combatir, de manera natural con productos biológicos, algunas de las plagas y enfermedades que estas prácticas fraudulentas han introducido en Canarias".

Quintero propone que se realicen las modificaciones necesarias para que en caso de reincidencia, el importador implicado, sea juzgado por la vía penal por delitos contra el medio ambiente y la salud pública. Y, por último, que se establezca una indemnización al sector agrario por los daños que estas prácticas fraudulentas están ocasionando en las producciones canarias.

El senador nacionalista considera que se deben acometer dichas acciones dado que la actual normativa que fija las medidas de protección contra la introducción en el archipiélago de organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales "es insuficiente por no disuadir a los importadores de hortofrutícolas que cometen este tipo de fraude, al obtener mayores beneficios que los perjuicios ocasionados por el coste de las mismas".

Quintero destaca que dichas prácticas atentan contra el medio ambiente, por la introducción de plagas y enfermedades difíciles de controlar y erradicar y, por otro lado, contra la seguridad alimentaria, por alterar la trazabilidad de los productos.

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