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“Integridad territorial de España”

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Es una cuestión innegable que los pueblos tienen el derecho inalienable de ordenar sus vidas sin injerencias ni imposiciones foráneas; es decir, de constituirse en entidades o agrupaciones independientes y soberanas. Esta afirmación no debería ser discutida y constituir un axioma respetado por todos. Asumirlo así, sin acritud, recelos ni animadversión, sería una muestra incuestionable de la sensatez humana; un signo claro de que nuestra civilización, después de largos y sanguinarios períodos de invasiones, conquistas, imperialismos y dominios, ha alcanzado la madurez para vivir pacíficamente, respetando las diferencias ajenas. Llegar a ese estadio supondría la desaparición —por innecesarios— de los ejércitos. Pero esa desaparición, hasta el presente, sigue siendo una entelequia, y los países no solo suprimen los ejércitos, sino que los rearman y rearman a otros, haciendo pingües negocios que enmascaran bajo colosales monumentos de hipocresía.

Ocurre también, por esas circunstancias expansionistas y de supervivencia, que todos los pueblos, en mayor o menor medida, han evolucionado en un variado mestizaje cultural que dificulta hallar el germen inicial, el fermento diferenciador que marque su identidad. Si existe algo arriesgado de dirimir y sustanciar es esta amalgama de culturas, que constantemente genera otras nuevas; y más en la época actual, tan globalizante, homogénea y monótona que va desmochando los ancestrales signos de identidad e idiosincrasia. El hombre ha perdido la individualidad y se ha convertido en masa. Como sostenía Ortega y Gasset: "El hombre–masa no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes". El ser humano es un animal errante y así seguirá siendo; y esa circunstancia conlleva al intercambio de culturas, al periclitar de unas y al surgimiento y hegemonía de otras. Pero, en ningún caso, los pueblos civilizados deberían llegar a la extinción de etnias o razas, más o menos apartadas de lo que entendemos por progreso, por razones de superioridad: técnica o cultural.

España es una nación formada por diferentes nacionalidades, ensambladas por alianzas y vínculos, y mantenidas en el tiempo. Algunas, por la fuerza y la resignación o apatía de sus habitantes. Reconocer esta realidad histórica diferenciada es asumir nuestra singularidad; singularidad que por las circunstancias expuestas nunca ha estado cerrada, sino abierta, viva. En algunos casos, las heridas del ensamblaje, cerradas de modo inadecuado, gotean y ese escozor conduce al descontento, al umbral del separatismo; a apartarse de la ruta que otros han marcado.

En la Constitución, para evitar o mantener a raya las ideas separatistas de catalanes, vascos y, en menor medida, de gallegos, se reconoció y garantizó el derecho a la autonomía —motivada por características históricas, culturales y económicas comunes, tal como recoge el articulo 143 del citado texto— aunque, luego se extendió a las demás regiones —por la vía del art. 151— en lo que vino a llamarse "café para todos". Así mismo —y esto pudo constituir una equivocación— se permitió a los partidos nacionalistas —singularmente, los vascos y catalanes— presentar candidaturas al Congreso, con lo que sus conquistas transferenciales —mediante las argucias de apoyar al partido mayoritario y a su gobierno— medraron claramente, en relación con las demás autonomías. Pero una vez logradas esas reivindicaciones el tejido autonómico se les quedó estrecho. Y quieren más. Pero poco más se les puede dar ya sin que el Estado pierda soberanía. Si, hacia adelante, el camino está bloqueado, el retroceso parece impensable.

Ocurre también que hay ciudadanos que ven el problema desde otra orilla. Es decir, España es una nación conformada en las postrimerías del siglo XV y la secesión o autodeterminación de alguna parte del territorio es una cuestión que no se plantea. Para la generalidad de los españoles, España es física y jurídicamente lo que es y cualquier mutilación está descartada: por dolorosa y afrentosa. Aunque no se excluye el hecho diferenciador —lengua, costumbres...— la realidad nacional es única e igual para todo el suelo patrio. El proyecto común, las gestas realizadas, las dificultades salvadas constituyen nuestra armadura como nación; nuestra variada identidad como pueblo.

El problema se contempla, por tanto, desde dos ópticas bien distintas. Por un lado, los que creen que cualquier pueblo tiene derecho a la independencia y por otro, los que piensan que España no se puede desgarrar; de un lado, los que no ven obstáculos —o ven muy pocos— para llevarla a cabo y de otro, los que quieren seguir formando parte del edificio común. Imaginen, por un momento, que el grueso de la nación repudiara, permítase la palabra, a una región o comunidad cualquiera y pretendiera separarla del conjunto, sin estar ella de acuerdo. ¿Sería entendible? ¿Sería realizable? ¿Se vulnerarían sus derechos?

Los que pretenden la separación de Cataluña —o de cualesquiera otras partes del territorio español— en los actuales momentos y con las leyes vigentes, aunque su acción se pueda entender, e incluso generar simpatías, cometen una serie de acciones delictivas que vulneran los principios constitucionales vigentes, aprobados por la mayoría de los españoles, y que afectan, amparan y obligan a todos. Y como garante y defensor de este ordenamiento constitucional están las instituciones del Estado; y más en concreto, sus Fuerzas Armadas.

Veámoslo, en una breve pincelada.

El artículo 2 de la Carta Magna de 1978, vigente todavía, afirma que: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española,...". El artículo 14 dice que: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,..., opinión o circunstancia personal o social". El último párrafo del artículo 8.1 de la misma norma expresa textualmente que las Fuerzas Armadas tienen como misión:"... defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Este marco legal continúa con la Ley Orgánica 5/2005, 17 de noviembre, de Defensa Nacional que, en su artículo segundo, expone claramente la finalidad de la Política de Defensa:"...garantía, independencia e integridad territorial de España...", que se amplía en su artículo quince con las misiones de las Fuerzas Armadas, que no son otras que cumplir el artículo constitucional antes mencionado. En las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 2009 (Real Decreto 96/2009) se le indica al militar, en su artículo tercero, cual es su primer y más fundamental deber: "La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario, y que ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, Ley Orgánica 5/2005..."; en el cuarto, los deberes de carácter general: "El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental de Estado..."; y en el sexto, la promesa o juramento de defender a España, prestado ante la Bandera. Además, en el preámbulo se expone que las Reales Ordenanzas "...conforman un código deontológico, compendio de los principios éticos y reglas de comportamiento del militar español". Y con el ánimo de aplacar las ansias independentistas, en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), artículos 472.5 y 477, se tipifican como delito las acciones encaminadas a "declarar la independencia de un aparte del territorio nacional; así como su provocación, conspiración y proposición".

Así pues, con la ley en la mano, parece impensable —y en mayor medida, ejecutable, y así lo deberán de tener muy asumido— que tanto el Consejo de Defensa Nacional como las Fuerzas Armadas puedan permitir avanzar en este proceso, ilegal a todas luces, aunque legítimo. Con las leyes vigentes no se pueden permitir actos de este calibre sin que la estructura del Estado de Derecho se derrumbe estrepitosamente. Del mismo modo, se deberían impedir que en territorios autonómicos se realicen consultas populares por vía de referéndum, sin la autorización expresa (art. 149.32, de la Constitución); y en caso de realizarse, sus promotores deberían ser encausados.

Ante las razones que un portavoz de una asociación militar expuso a tenor de las intenciones separatistas de Cataluña, un político independentista de esa comunidad, proclamó que los militares que así se expresaban deberían de estar encerrados por tratar de impedir la libre expresión del pueblo. Es llamativo, cuando menos, que políticos de esta lucidez democrática condenen a los grilletes a quienes no pretenden otra cosa que defender lo que han jurado o prometido; es decir, lo legalmente establecido. ¿Qué pasaría si no se respetara la ley? ¿O, es que la ley se respeta y acata a conveniencia?

Si en la sublevación militar del siglo pasado, sus cabecillas y promotores han sido ampliamente rechazados y objetiva y democráticamente condenados, no se ha encomiado debidamente a los que se opusieron a ella y fueron leales a la Segunda República, a la legalidad vigente, defendiéndola a ultranza, perdiendo la vida, siendo exiliados o encarcelados. Como representantes del pueblo el deber de los políticos es salvaguardar el orden constitucional y el de los militares defenderlo; y así lo harán, pues no cabe otra alternativa. Hacer lo contrario o permanecer pasivo, sería, no solo punible, sino rechazable por el pueblo; amén de constituir un flagrante atentado contra la legalidad que sentaría unos precedentes muy peligrosos y de consecuencias imprevisibles.

¿Cual podría ser la solución o soluciones a estas ansias separatistas? Este es un asunto espinoso y nada fácil de resolver, sobre todo cuando hay mentes que siguen aferradas al pasado y se empeñan en negar lo evidente. Estas inquietudes separatistas que han rebrotado en el río revuelto de nuestra España actual precisan respuesta. No es válido cruzarse de brazos y esperar que amaine el temporal; que no lo hará. Permitirlas —las ansias— o no permitirlas, tiene consecuencias impredecibles y arriesgadas. Teniendo presente que en este mundo que habitamos nada hay seguro; que si algo fue negro, hoy puede ser gris y mañana blanco; y viceversa.

Puesto que es un hecho —o, parece serlo— que existen o pueden existir esas ansias, la responsabilidad nos lleva a buscar una solución correcta, duradera y aceptada por la mayoría; es decir, resolver este grave problema pendiente. Muchos catalanes según proclaman los políticos interesados, no se sienten españoles; no están a gusto formando parte de un país llamado España; se expresan, siempre que pueden, en catalán y se refieren a Cataluña como su nación, su país.

Basten como muestras estos dos hechos:

 El ex entrenador del F.C. Barcelona, Josep (Pep) Guardiola, en una conferencia pronunciada unos meses atrás, en el extranjero, manifestó a los asistentes —en claro y rotundo castellano— que era natural de un pequeño país, llamado Cataluña; no mencionó que pertenecía a España, tal vez porque todos lo sabían o todos lo ignoraban.

 En un programa de una televisión catalana se emitía un reportaje sobre la Patagonia. El locutor, obviamente, narraba en catalán; mas, cuando algún habitante del lugar al ser interrogado se expresaba en castellano, sus palabras se vertían al catalán.

La solución —y quizá no exista otra—sería reformar la Constitución, y otras leyes dimanantes, y permitir en su articulado la posibilidad de que las autonomías que lo decidan ampliamente en sus órganos de representación popular, puedan realizar un referéndum de autodeterminación y ser consecuente con los hechos. Esto último es de gran importancia, pues ¿cuántas veces los perdedores no saben encajar los resultados? (A veces, también los vencedores). Pudiera ocurrir, por tanto, que esas ansias separatistas no sean tales o en la proporción que dicen sus promotores políticos y que la ciudadanía no vea los fantasmas que ellos preconizan o, que estos, sean insignificantes y esporádicos; e inducidos, torticeramente, por esos líderes.

Porque, si los líderes de Convergència i Unió y otros, cuyo fin es la independencia, reclaman ahora una financiación propia —leyes tributarias, exacciones...— aportando una cuota de esa recaudación al estado —al igual que los vascos y navarros—, caeríamos en error si pensáramos que ahí se acabarían las ansias separatistas. Esa transferencia, que podría ser lógica y consensuada si afectara a todas las autonomías del mismo modo, no sería la solución para algunos políticos de Cataluña, pues en su ideario nacionalista el fin es la independencia, y darles esa competencia sería solo un estribo más en su ascenso para alcanzarla. Atacar el problema y darle una solución consensuada y respetada es afrontarlo, lo demás serán parches que no curarán las heridas; tan solo podrán agravarlas y, de paso, aumentar las diferencias entre las llamadas comunidades históricas y las otras.

Si en democracia se asume el principio de que la mayoría gana —lo que no implica estar equivocado—, no cabe otra alternativa que acatarlo. De lo contrario, no se entiende debidamente ese sistema político.

Los pueblos, al margen de tradiciones y hechos colectivos, están vivos y pujantes; en cambio constante. Pues si algo hay permanente en el universo es el cambio; y esto no debe soliviantar los ánimos de los contrarios, de los que ven el problema anclados en la otra orilla, quienes deberían asumirlo plenamente, con inteligencia y serenidad.

Acertada o equivocadamente, la libertad no tiene precio —no tanto la individual, sino la colectiva—y oponerse a ella, solo conduce a la tiranía y a la rebelión. Más pronto o más tarde. Porque, y nadie debería dudarlo, hay muchos ciudadanos dispuestos a sacrificar su vida, su libertad, en aras al proyecto común. De un lado, y de otro.

En cualquier caso, huyendo del hombre-masa.

Eugenio Fernández Murias

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