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COMUNICADO PLATAFORMA PRO DEFENSA DE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA Y ASEVALLE

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LA PLATAFORMA PRO DEFENSA DE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO DE LA FRONTERA Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ASEVALLE, INFORMAN:

1.- Que, como es sabido, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife se siguen actualmente los Autos de Juicio Ordinario 901/2008 donde se está discutiendo la legalidad del acuerdo de segregación del municipio de La Frontera adoptado por el Cabildo Insular de El Hierro. En dicho juicio están personadas como partes del mismo: La Plataforma Pro Defensa de los Intereses del Municipio de La Frontera, La Asociación de Empresarios “Asevalle”, El Cabildo Insular del Hierro y La Comisión Gestora de El Pinar.

2.- Que, en el curso de ese proceso judicial, el pasado día 20 de octubre de 2008 el susodicho Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, al amparo del artículo 77 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (LJCA), acordó, de oficio, citar a una comparecencia para el siguiente día 24 a los abogados de las partes personadas en el proceso.

 

 

3.- Que el citado artículo 77 de la LJCA dice, literalmente, lo siguiente:

«Artículo 77.

1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.

2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.

3. Si las partes llegarán a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.».

 

4.- Que el motivo de la citación judicial obedecía al interés del Juzgado en conocer de las partes si habría posibilidad de llegar a un acuerdo entre ellas a fin de evitar una posible sentencia que anulara total o parcialmente el acuerdo de segregación del municipio de La Frontera y, por ende y correlativamente, el de creación del municipio de El Pinar. Dicho interés judicial, por su parte, tiene su origen en las serias dudas que tanto al Juzgado de lo Contencioso Administrativo como al Tribunal Superior de Justicia de Canarias le han suscitado un primer examen del expediente administrativo de segregación, dudas que, de ser confirmadas, podrían culminar, como decimos, en una sentencia anulatoria total o parcial del acuerdo de segregación.

 

5.- Que, en efecto, el pasado día 24 de octubre de 2008 se celebró en las dependencias judiciales la comparecencia antes indicada, si bien a la misma no acudió el Abogado de La Comisión Gestora de El Pinar.

 

6.- Que en dicha comparecencia el Abogado de la Plataforma y de Asevalle manifestó a su Señoría la predisposición de sus clientes a alcanzar un acuerdo justo y equitativo sobre el fondo del asunto, así como a asistir a cuantas reuniones fuesen precisas con objeto de conseguir tal acuerdo. El Abogado del Cabildo Insular de El Hierro se comprometió a trasladar esta posición a su cliente.

 

7.- Que a la vista de tales alegaciones, la Juez emplazó a los Abogados de las partes a una nueva reunión el próximo día 6 de noviembre de 2008 a fin de conocer la posición del Cabildo Insular de El Hierro y de la Comisión Gestora de El Pinar al respecto, así como su voluntad para intentar alcanzar un acuerdo que pusiera fin consensuado al pleito. De no ser así, esto es, de no haber consenso, el Juzgado continuaría con el proceso hasta dictar sentencia.


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