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DOS AUTOS JUDICIALES DESMIENTEN AL DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA DE LA UNESCO

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 Imputados por delito ecológico: el Director General del Tesoro del Gobierno de Canarias, Javier Armas, la concejala del Ayuntamiento del Pinar, Claribel González (ambos exconsejeros del Cabildo por la Agrupación Herreña de Independientes) y la técnico de residuos de la institución, Fabiola Ávila, tendrán que responder ante la justicia por la pésima gestión de los residuos en la isla de El Hierro.

En un comunicado difundido por el Cabildo Insular de El Hierro la semana pasada se publicitaba que el Director de la División de Ecología y Ciencias de la Tierra de la UNESCO, Natarajan Ishwaran, elogiaba la gestión integral de residuos de esta institución, considerándola como referente de buenas prácticas a presentar como logro de la UNESCO y de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, en la Conferencia de Río+20.

En un ejercicio de complicidad con la nefasta gestión medioambiental de las anteriores corporaciones insulares, así como de continuismo en la ocultación de información y falseamiento de la realidad, los actuales responsables del Cabildo herreño omiten intencionadamente que la justicia ha imputado a los exconsejeros de esta institución por la Agrupación Herreña Independiente Javier Armas (actual Director General del Tesoro del Gobierno de Canarias) y Claribel González (actualmente concejal en el ayuntamiento de El Pinar), así como a la técnico de residuos del Cabildo Fabiola Ávila por presunto delito medioambiental.

La asociación ecologista Ossinissa, promotora de las denuncias por los presuntos delitos medioambientales cometidos por el Cabildo, manifiesta desconocer los informes que avalan el análisis del Sr. Ishwaran y solicitarán explicaciones por dichas afirmaciones a los responsables del Centro UNESCO Canarias, aunque lamentan la desconexión y desconocimiento  que ha demostrado esta institución  con la realidad de la Isla de El Hierro y la facilidad con que se ha dejado utilizar por el aparato de propaganda del Cabildo insular con el fin de lavar su imagen.

Ossinissa desea recordar a la opinión pública que las imputaciones de los responsables de la institución insular son el resultado de un procedimiento penal iniciado tras la denuncia interpuesta por esta asociación en el año 2006. La inicial pasividad judicial y el consiguiente empeoramiento de la situación de los vertederos insulares, a lo que ha venido a sumarse  la gestión de los Vehículos Fuera de Uso (que ha dado lugar a la implicación del propietario de un desguace), llevaron a la asociación a solicitar al Ministerio Fiscal la aplicación de medidas cautelares urgentes.

Fue en el año 2010, cuando el juzgado de Valverde emitió un primer auto que ordenaba la paralización de la actividad de vertido incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos en la zona conocida como la "Cumbrecita", zona rústica de protección paisajística.  

En septiembre de 2011 el juzgado de Valverde, después de haber oído la declaración de los tres imputados por presunto delito ecológico y contra la salud pública, emitió un segundo auto que contemplaba como medida cautelar la suspensión de la actividad identificada como vertido incontrolado en sistema de excavación de zanjas con depósito y enterramiento de todo tipo de residuos  en la zona de la "Dehesa Comunal". Como es bien sabido, esta actividad ha venido siendo  realizada por el Cabildo de El Hierro dentro de los límites de un Espacio Natural Protegido, que es Zona de Especial Conservación con hábitats naturales de interés comunitario y Zona Especial para la Protección de las Aves según el informe técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias. Se tratan, todas ellas, de zonas integradas en la Red Natura 2000 que engloban la Reserva de la Biosfera de El Hierro declarada por la UNESCO.

Una vez notificado, El Cabildo de el Hierro decidió presentar un recurso de reforma contra los autos del juzgado de Valverde,  alegando que la denuncia interpuesta por la Asociación Ecologista Ossinissa respondía a estrategias y debates de naturaleza política, que el cierre de los vertederos supondría un desprestigio de la institución y que sin duda produciría en muchos  ciudadanos  un juicio de valor negativo sobre la actuación de la entidad, siendo previsible la enorme difusión que alcanzaría la paralización de la actividad. Dicho recurso fue desestimado por el juzgado, así como el posterior recurso de apelación igualmente interpuesto por el Cabildo de El Hierro.

Según Ossinissa, aparte de los procedimientos penales indicados, se han abierto cuatro expedientes administrativos por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) por incumplimiento de la normativa vigente y afecciones al medio ambiente, tres contra el Cabildo por el punto limpio de "El Majano" y vertedero incontrolado y un cuarto al imputado por gestionar sin autorización Vehículos Fuera de Uso. Lamentablemente dichos expedientes sancionadores se dejaron caducar por parte del Gobierno de Canarias, por lo que los infractores no pagaron finalmente las multas correspondientes. Esta presunta irregularidad, no obstante, llevó al Ministerio Fiscal a citar a declarar el pasado mes de junio a técnicos de la APMUN.

Los ecologistas manifiestan que  a día de hoy, el expediente del "caso vertederos" está integrado por unos 10 tomos y más de 2000 folios que dejan claro que desde el año 1997, en el que se aprobó el  Programa de Desarrollo Sostenible por el pleno del Cabildo Insular, hasta fechas recientes y siempre de acuerdo con los informes de la APMUN, se han quemado y enterrado en zonas protegidas gran parte de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en El Hierro lo que,  en opinión de Ossinissa, además de vulnerar los principios de sostenibilidad contradice los elogios expresados por el alto representante de la UNESCO.

Nota de Prensa

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